7/9/09

Vincho alerta del inminente peligro para la sociedad


La sociedad dominicana se encuentra atravesando por profunda crisis social, apestada de una delincuencia desbordante, y la población ha estado haciendo reclamos acuciantes del Código Procesal Penal.


El doctor Marino Vinicio Castillo dijo defender el Código, aunque refutó que fuera puesto en vigencia sin antes hacer el estudio social, del péndulo entre el crimen, la autoridad, la ley, y el manojo de garantías que posee. El cual fue recibido por la comunidad criminal, con su lógica sombría y retorcida, de que mientras mayores y atroces sean sus crímenes, el Código los colocaba como los ciudadanos laboriosos y buenos, atrapados en el tranque del conflicto penal por el choque con la Ley.

La sociedad resiente la garantía que da el Código a los criminales. No se hizo estudio calificado socio-criminal para examinar el estado cultural de nuestra sociedad ante esas garantías, espetó Vincho. 

El Código fue propuesto en el 1997 por el presidente Leonel Fernández. Se trabajó en él, y un buen día, el 19 de julio del 2002 mediante la Ley 7602, fue promulgado, anunciándose que entraría en vigencia dos años después. El doctor Castillo acotó que el “carácter de almanaque” de un código que tiene que ver con asuntos sensitivos como la libertad condicional y garantista sería desastroso. 

Castillo propuso dos años atrás que la implementación del Código fuese en forma progresiva. Puso de ejemplo a Francia, que para la modificación de sus códigos, empezaron en el 1981, bajo la administración de Francois Mitterand. En el 1997 lo implementaron mediante mecanismos de leyes y no fue sino hasta el 1998-1999 que lo codificaron, envolviendo estudios en la academia, las cortes, el Parlamento.

Pero para el doctor en leyes Marino Vinicio Castillo, lo más cardinal fue que se hizo abierto a la sociedad.  

LOS MUCHACHOS BRINEMAN

Pero en la República Dominicana no sucedió así. Llegó la dinámica señora Elena Brineman, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID en la RD. Canalizó importantes recursos para apoyar el Poder Judicial y tutelarlo. Encontró un sinnúmeros de jóvenes abogados políticos que se instituyeron en una especie de “club”, bautizado por el doctor Vincho como “Brineman’s Boys” es decir, “los chamacos de Brineman”.

Se esparció la voz por los corrillos de que los “Brineman’s Boys” quienes tomaron “aprecio por la obra” de ella, no compilaron los textos del Código, sino que los bajaron de la Internet, dijo Vincho, y esbozando una sonrisa, precisó nunca haber estado de acuerdo con esta hipótesis, pero lo que si fue un hecho, fue que ellos armaron una especie de torneo de prestigio. 

Manifestó el doctor Castillo que los miembros del “club de los Brineman’s Boys” consideraron que ellos eran los modernos, los avanzados, y hasta se creyeron que ellos habían realizado la gran hazaña nunca antes efectuada por ningún dominicano, de ‘supuestamente” insertar al país en la cuna de la civilización, porque en su caletre entendían que el Código anterior mantenía a la República Dominicana en la caverna, en el atraso. 

Les alertó Castillo que si el Código terminaba mortificando al pueblo, iba a ser rechazado por el pueblo. Y el esfuerzo realizado por ellos no serviría para nada. 

EL CODIGO ES PARA EL PUEBLO.

El doctor Castillo dijo que magistrados importantes, entre ellos el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Subero Isa, tildándolo de magnifico tratadista en el área civil, quien nunca tuvo afección por lo penal, él se le acercó manifestándole en tono amistoso, que encabezara un movimiento dedicado a perfeccionar, adecuar y reajustar los estatutos del código.

De nada iban a valer las estadísticas, ni lo seminarios, si el pueblo, quien se encuentra en medio del gran desastre de la 

De nada servirán los estudios, las estadísticas, ni los seminarios, si el pueblo, quien se encuentra en medio del gran desastre de la inseguridad, no es tomado en cuenta. Es el pueblo que está padeciendo el creciente desafío duro y sanguinario del crimen. Ve como el crimen organizado controla la salud de sus jóvenes, y ustedes (la justicia) están petrificados al apoyo de ese instrumento, dijo Vincho.

La percepción pública es que se está apoyando al crimen. La violencia criminal se ha hecho cotidiana, corriente, al grado de que los hechos ya no asustan ni impresionan. Noticias de asesinatos garrafales son publicadas en la tercera o cuarta página de los diarios. Lo que se pudiera entender, es la saturación criminal del medio. Es un estado delicado psicosocial que carga al pueblo de angustias, de inquietudes y la reacción que produce es dura y sorprendente. La autoridad, que tiene el manejo del ordenamiento jurídico penal, debe tener cuidado con esto.

La justicia irá perdiendo interés en el ámbito público. Se avecinan cosas espantosas y primitivas, indeseables, como es la venganza privada en manos propias expresadas en los linchamientos. Por ahí comenzarán las reacciones ciegas del pueblo y esto es delicado, puntualizó Vincho.

El pueblo tiene una especie de índole histórica y permanente, una impronta inamovible, como el crimen de sus mujeres, dijo Vincho. Citando la tragedia de las vírgenes de Galindo, las hermanas Ana María, Marcela y Antonia Dorotea, asesinadas en el barrio de Galindo, junto a su padre Manuel de Jesús de Lara Báez, uno de los episodios más oscuros de la Dominación Haitiana (1822-1844).

La dignidad, la grandeza y el pudor de María Trinidad Sánchez, quien fuera fusilada. El sacrificio de las hermanas Mirabal, que fue el desencadenante final, incluso para que hombres importantes, profesionales consagrados, arriesgaron sus vidas y las de los suyos, en la empresa del magnicidio del 30 de Marzo.

Citó Vincho el horripilante asesinato en 1930 del escritor, filántropo, y poeta José Virgilio Martínez Reyna , así como la asesinato de su esposa doña Altagracia, que a pesar de estar embarazada fue ultimada en su cama. El régimen enviaba mensaje al pueblo de que nadie estaba seguro ni en su propio lecho y que la violencia criminal del poder no tenía límites.  

Citó algunos asesinatos de los últimos tiempos, cometidos a manos reincidentes en el crimen. El de Vanesa Ramírez Faña, joven de 18 años estudiante de medicina, asesinada en el 2006. Los santiagueros se tiraron a la calle en protesta. El asesinato en San Francisco de Macorís de la joven Kaisha Patricia Requena Grullón, producto de un asalto y donde estaba implicado también un menor.

Las voces más altas del país, la del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, la del Monseñor de la Rosa y Carpio, y los demás obispos, así como los medios más importantes, académicos, grupos de familia que reclaman la revisión del Código.


PRESIDENTE FERNANDEZ INSTRUYO REVISAR CODIGO

El presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, instruyó a los abogados, Marino Vinicio Castillo y Abel Rodríguez del Orbe, para que trabajaran con el Cesar Pina Toribio en la revisión de la Reforma para que fuese dirigida más hacia la población. 

La Ley 278 del 2004, sobre la implementación del proceso penal, en su artículo 10, demandaba a esa Comisión, en su acápite 2, que se debía tener contacto directo con el Presidente. Mantenerlo informado e involucrado sobre el proceso de implementación.

El ordinal sexto indica que se debía tener informada a la población sobre los avances y los problemas del mismo. 

Hace dos años, llegó una ley aprobada, verificando el Código Procesal Penal, propuesta hace tres años por el senador José Tomás Pérez, que endurecía la libertad provisional bajo fianza de los imputados y le daba importancia a los casos de reincidentes criminales, así medidas de coerción más rígida. La ley fue observada (vetada) por el presidente de la República. 

Tiempo después, en una especie de Consejo especial en el Palacio Nacional, se invitó a Jorge Subero Isa, y Leonel Fernández expresó su preocupación de que el simple arraigo sirviera para otorgar fianza, sin considerar las características del imputado y de sus hechos. Es decir, el Presidente a quien le concierne la política criminal del país, mostró inconformidad de que si el imputado de un crimen tenía un inmueble, se aceptaba como garantía para otorgarle la libertad provisional, aunque hubiesen riesgos de fuga. 

 
El Código no necesita reformas parches, y marginadas que deje la obra joya intacta, tiene que estar avenida con las preocupaciones públicas y no con la sabiduría de los representantes de la Comisión, dijo Vincho. Hay que prestar atención a las censuras, a las quejas de la población. El Código debe ser revisado con profundidad, necesita reforma sustancial. 


Puso de ejemplo, que un colombiano que usaba teléfono satelital, fue detenido en Barahona, una de las zonas de mayores bombardeos de drogas provenientes de Colombia vía Venezuela. Hacía presuponer que violaba la ley 36. Se le dio coerción de 3 meses. Luego el juez modificó la sentencia, dándole la libertad provisional porque el colombiano puso de garantía una <> de su propiedad. A los 15 días, sus familiares informaron que el imputado estaba desaparecido, ¿Y el proceso? Terminó.


JUECES ACTIVOS

El juicio criminal ordinariamente resulta desigual e inicuo, por la pasividad, y la forma inerme y contemplativa de los jueces, como terceros imparciales. Sin comprometer la naturaleza del sistema acusatorio, el doctor Castillo dijo que aboga porque se adopte el sistema atenuado y sentido de los españoles. 

 

El juez español no es inerme, procura la verdad y es activo en la examinación de las pruebas. ¡No podemos dejar que el proceso siga como va!, porque es peligroso para los débiles, los menos favorecidos de medios técnicos y habilidades. El derecho de defensa es sagrado.

VINCHO TRABAJA EN LEY CONTRA NARCOTERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO

El doctor Marino Castillo dijo está trabajando en una nueva política criminal contra la droga, el terrorismo y el crimen organizado. Dijo saber que se expone a los altísimos principios garantista del Código y que chocará contra la presunción de inocencia. 


El crimen organizado debe ser atendido y tratado con rigor proporcionalmente al grueso o magnitud de la agresión ominosa del delito cometido, que está destruyendo nuestra sociedad y que por lo tanto, deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad.

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