Ito Bisonó opuesto a modificación Ley de Acceso Información Pública

SANTO DOMINGO.- El diputado y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor -Ito-Bisonó, manifestó que los cambios sugeridos para modificar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública no pueden pasar en la Asamblea Nacional y adujo que antes que establecer límites la pieza debe ser ampliada.

Indicó que esa ley como recurso legal tiene que ser aprovechado por la población para que "la Contraloría de la República haga su trabajo, además de exigir respeto a la labor de la Cámara de Cuentas y para que los expedientes entregados al antiguo Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco) sean traducidos a la justicia".

Ito Bisonó, sostuvo que los más preocupante, es que al parecer, las autoridades del país están asumiendo una corriente política que trata de asentarse en latinoamericana con el fin de instaurar regímenes con tendencia dictatorial para limitar el derecho de los ciudadanos y los comunicadores, como ocurre actualmente en Argentina y Venezuela.

"Lo que quieren es que no se auditen, lo que quieren es que no se exprese la gente, no quieren quejas y lo que no quieren es que hayan denuncia de corrupción hasta que no se produzca una sentencia definitiva", explicó el legislador. 

Citó como ejemplo la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo crediticio que reveló que el país destina un 95 por ciento del presupuesto de la nación en gasto corriente, subvenciones que no están focalizadas.

Ito Bisonó precisó que eso ocurre porque existe la intención por parte del Gobierno de controlar todos los estamentos del Estado y citó el caso del Consejo Nacional de la Magistratura.

"Vivimos en un país donde no se ocultan las intenciones de manejar la justicia repartiéndose el Consejo Nacional de la Magistratura entre dos partidos, o sea que la intención es alejar la ciudadano para que no conozca lo que ocurre para seguir con el mismo desorden y el mismo despilfarro", adujo.

El diputado reformista dijo que en el país todavía hay casos donde funcionarios o entidades tienen que ser metidos a la justicia para que cumplan con el mandato de ley de facilitar información a quienes la requieran.