Alarma a los industriales de Herrera designaciones de funcionarios en Pro-Industria al margen de la ley

SANTO DOMINGO.- Los industriales de Herrera reaccionaron este domingo alarmados ante la designación de funcionarios en Pro-Industria violando la Ley de Innovación y Competitividad Industrial y llamaron al sector privado a cerrar fila contra la politización de ese organismo.

En una declaración de prensa, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), que preside Manuel Cabrera, proclamó que el nombramiento de los señores José Augusto Izquierdo, como director de Pro-Industria; José Eduardo Núñez, subdirector y Reynaldo Alvarez, director para la región Este, contraviene la Ley 392-07 en su artículo 6.

Denunció que tanto el director como el subdirector de Pro-Industria fueron designados sin tomar en cuenta que la ley manda al consejo de la institución a presentar ternas al Poder Ejecutivo para la seleccionar a esos funcionarios, requisito que no ha sido observado.

La AEIH manifestó que aparte de la colisión legal que provocan esos nombramientos, es evidente que Izquierdo –cuyos méritos no están en tela de juicio- ha sido colocado en Pro-Industria atendiendo a razones político-partidarias.

“Ese instrumento, que se creó como una pieza fundamental del desarrollo industrial, se está politizando, lo cual constituye un retroceso y una pérdida de esperanza para los industriales, que definen la Ley de Innovación y Competitividad Industrial como la más grande conquista del sector en los últimos 40 años”, dice una nota de la AEIH.

Los industriales de Herrera hicieron un llamado al presidente Fernández y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Abel Rodríguez del Orbe, para que reflexionen respecto a las designaciones ilegales en Pro-Industria de funcionarios que podrán tener méritos, pero que no poseen el perfil que establece la ley.

El artículo 11 de la Ley 392-07 establece que el director de Pro-Industria deberá cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano dominicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y no haber sido condenado a pena aflictiva o infamante, ni encontrarse subjúdice.

También, no haber sido destituido de un cargo público o privado por cuestionamiento de su gestión; estar investido de un título universitario no honorífico y tener experiencia acreditable en áreas relacionadas al sector industrial.